Acerca del Programa Nacional de Facilitadores en Conflictos Públicos.

A nivel mundial, una “facilitación” se puede desarrollar, por ejemplo, por conflictos ambientales, como la posible instalación de una empresa minera en una región, o con problemáticas vinculadas a la tenencia de una tierra. El Programa Nacional de Facilitadores en Conflictos Públicos “Acción sin daño” depende de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (DNMyMPRC) y es el área que actúa en este tipo de casos.

El área trabaja en tres niveles, según explicó Diego Marks, asesor de la Dirección. “Trabajamos en la capacitación y la formación de facilitadores, en la sensibilización de los miembros del Poder Judicial para que sepan que pueden derivar causas judiciales y en la generación de procesos de diálogo, facilitando en conflictos sociales judicializados que ameriten la intervención”, señaló.

En sí, no existe una ley de facilitación que regule. Eso marca una diferencia con la herramienta de la mediación, regulada por la ley 26.589, de 2010.

La Dirección de Mediación que conduce Raquel Munt puede intervenir en “conflictos públicos judicializados cuando lo requieren magistrados y fiscales federales”. Se produce cuando está agotada la instancia judicial o cuando el juez lo amerite y solicite soluciones alternativas a una sentencia.

Un abordaje participativo

Marks detalló que el pedido de magistrados y fiscales suele fundamentarse en el marco de las Reglas de Brasilia. Los típicos ejemplos de facilitaciones se producen en “conflictos sociales complejos que en general involucran comunidades en condiciones de vulnerabilidad, empresas y gobiernos”.

“La facilitación y la mediación son dos técnicas distintas para un abordaje participativo y no adversarial de un conflicto. La diferencia es que el ‘facilitador’ tiene un contexto más complejo para trabajar porque interviene en conflictos públicos con más actores. Son multipartes”, explicó Marks.

El asesor también subrayó que la facilitación no es en una oficina, sino en el lugar del conflicto que puede ser un barrio vulnerable, por ejemplo.

Los acuerdos que se logran en una mesa de facilitación luego tienen que tener un “sustento político porque son conflictos públicos”, como por ejemplo entre una empresa, un gobierno provincial y una comunidad donde el Estado tiene que brindar una respuesta, no sólo alcanza con dos partes que se pongan de acuerdo como en una mediación.

Etapas de facilitaciones y acuerdos

Un proceso de diálogo facilitado tiene varias etapas, según detallaron desde el programa y que la última instancia del conflictos es la mesa de diálogo. La primera etapa es la realización de un “diagnóstico y una investigación” del problema con entrevistas y contactos en el lugar con cada una de las partes.

Luego, se realiza una “hoja de ruta” del proceso para tratar de “diagramar un propuesta superadora al conflicto fortaleciendo y desescalando los niveles de violencia” para acercar a las partes. Después, la hoja de ruta se “valida y consensua con los actores”, se realiza “el diseño de la acción, su implementación y la intervención para construir acuerdos”.

En este proceso no hay tiempos estipulados, aunque la Justicia puede marcar la cancha y apurar los plazos de acuerdo a las circunstancias típicas de cada conflicto.

En la Dirección trabaja un equipo de facilitadores integrado por sociólogos, polítologos, abogados, psicólogos y especialistas en este tipo de procesos de facilitación.

Así lo describe Marks: “El conflicto se trabaja desde sus raíces para ir hasta el fondo de la cuestión. Una facilitación es un trabajo que si bien tiene un método también tiene su parte artesanal. La etapa de construcción de confianza lleva tiempo para que las partes entiendan al otro como un legítimo. Y esto es muy importante para alcanzar un acuerdo provechoso y fructífero”.

FUENTE: www.argentina.gob.ar